Ha sido ya presentada la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental, por la cual las empresas deberán contar con un aval bancario que garantice la capacidad financiera de la empresa de correr con los gastos de posibles daños medioambientales.
Se ha presentado el anteproyecto de Ley, y la Ley entrará en vigor a partir de 2010. Lo que pretende el Ministerio es evitar que el Estado corra con los gastos de los platos rotos por empresas contaminantes. El ejemplo que citó la ministra Narbona son los 75 millones de euros que ha costado el desastre de Aznalcóllar.
La principal novedad de esta legislación es, según Fernández de la Vega, que las acciones correspondientes serán tomadas de forma inmediata sin esperar ulteriores decisiones de las autoridades.
No todas las empresas estarán obligadas a cumplir la normativa; sólo aquellas cuya actividad pueda resultar potencialmente peligrosa para el Medio Ambiente o la salud humana: instalaciones industriales que manipulen sustancias tóxicas, empresas de transporte de mercancías peligrosas, o que manipulen sustancias fitosanitarias o genérticamente manipuladas.
La obligación de reparar el daño existirá a pesar de no media negligencia empresarial.