El plan consta de 20 medidas urgentes que afectan a siete sectores: la industria, el transporte, la edificación, los servicios públicos, el equipamiento residencial y ofimático, la agricultura y la transformación de energía. Además, el Gobierno convocará una conferencia sectorial con las administraciones autonómicas para desarrollar los planes específicos en los ámbitos territoriales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que el Plan aprobado es "muy ambicioso" y nace con el propósito de ahorrar energía, reducir la contaminación y mejorar la competitividad de la economía española. Según dijo, estos objetivos deben lograrse en un contexto en el que la demanda de energía en España crece más rápido que la economía y en el que la dependencia energética del país respecto al exterior es casi del 80%.
El Ejecutivo central confía en que gracias al Plan se alcance un ahorro de 12 millones de toneladas equivalentes de petróleo y se alcance una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 32,5 millones de toneladas. Por sectores, el mayor volumen de ahorro previsto, un 44% del total, se localiza en el transporte: 3,1 millones de toneladas equivalentes de petróleo.
Las principales medidas urgentes son la realización de hasta 276 auditorías energéticas en diversos sectores industriales, asumiendo la administración el 75% del coste total. Las auditorías se realizarán preferentemente en los sectores químico, alimentación, bebidas y tabaco, siderurgia y función, y de minerales no metálicos.
Otra medida es la implantación de planes de transporte en todas las empresas y centros de actividad de más de 200 trabajadores, con el fin de reducir la participación en los desplazamientos del vehículo privado. Además se intentará mejorar la gestión de las infraestructuras con el estricto control de la velocidad en las carreteras con objeto de optimizar los tráficos; la renovación del parque automovilístico de turismos mediante la modificación del Plan Prever y del sistema fiscal que grava la adquisición y el uso de turismos.
MEJORAR LOS EDIFICIOS
Con el fin de mejorar la eficacia energética de los edificios, el Gobierno aprobará, mediante real decreto, el nuevo Código Técnico de la Edificación y aprobará el procedimiento de Certificación Energética de Edificios. A este sector estarán destinados unos 3.296 millones de euros con un ahorro previsto de energía primaria de 1,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo.
Se fomentará la sustitución de 7 millones de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo en el sector doméstico y se actuará sobre una superficie de 30 millones de metros cuadrados para la renovación de las instalaciones de iluminación del sector terciario. En el alumbrado público exterior, se sustituirán lámparas de vapor de mercurio por las de vapor de sodio en 840.000 puntos de luz.
En el sector de equipamiento residencial y ofimatico, el Plan incluye unas inversiones de 1.333,2 millones de euros con un ahorro de energía primaria de 905.000 toneladas equivalentes de petróleo y 2,43 millones de toneladas de CO2. Además, en el plan de eficiencia energética también se prevé la introducción de incentivos económicos para estimular la compra de electrodomésticos más eficientes y la sustitución de unos dos millones de equipos más antiguos.
En el sector de la agricultura, el Plan prevé unas inversiones de 509,44 millones de euros con las que se prevén mejorar la renovación de los tractores que sean más antiguos al tiempo que se impulsará entre los agricultores los sistemas de riego localizado. Por último, en el sector de transformación de energía, el Plan contempla unas inversiones de 904,2 millones de euros. En este aérea el plan amplía los objetivos relativos a la producción de energía eléctrica mediante cogeneración en 750 megavatios de manera que se alcancen los 1.50 megavatios a finales de 2007.
El documento también identifica unas medidas adicionales a medio plazo, que permite avanzar en la reducción de emisiones pero con un coste económico y social "más elevado". Entre ellas un aumento del impuesto especial de carburantes conforme la normativa UE o cambios en el actual sistema de tarifas eléctricas para los usuarios domésticos.