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El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Tarragona, Xavier Jou, ha abierto una investigación para establecer si hay indicios de delito en la emisión de partículas radiactivas a la atmósfera a raíz de la fuga que hubo en noviembre en la central nuclear de Ascó. La intención es determinar si se pueden pedir responsabilidades tanto por la fuga como por la gestión que hicieron los responsables de la central.

Ayer, el delegado del gobierno en Tarragona y primer secretario del PSC del Camp de Tarragona, Xavier Sabaté, acusó a los responsables de la instalación de haber mentido los alcaldes de la zona.

 

Sabaté explica en su bloc que los responsables de la central les dieron datos falsos: less comunicaron que había un nivel de radiactividad 230 veces inferior al real, y pide al Consejo de Seguridad Nuclear que imponga la multa máxima, de 30 millones de euros, a Iberdrola y Endesa. «Los responsables de la empresa tienen que dar la cara y asumir su parte de culpa como máximos responsables de su organización», afirma.

La semana pasada, Greenpeace y Ecologistas en Acción ya presentaron una denuncia a los juzgados contra la central.

Los resultados de los análisis que se han hecho a los escolares que visitaron la central han dado, por ahora, negativo, a pesar de que los exámenes, llevados a cabo por el Consejo de Seguridad Nuclear, no son independientes, ya que los lleva a cabo una empresa participada por Endesa e Iberdrola, que son las propietarias de la central nuclear de Ascó