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El sector eléctrico en pleno ha recurrido ante la Audiencia la orden ministerial por la que Industria restará a las generadoras más de 1.200 millones de los ingresos de 2006 y 2007. Además de las tres grandes eléctricas, que consideran que la medida es 'expropiatoria', otras 16 compañías están afectadas. Algunas, como Endesa e Iberdrola, han pedido, por el momento, medidas cautelares para evitar daños irreversibles
 

Las eléctricas han agotado el plazo legal de dos meses, que terminó el día 15, para iniciar un contencioso administrativo contra la orden de Industria que establece la minoración de 1.230 millones de los ingresos de 2006 (unos 1.130 millones ) y de 2007 (otros 100 millones). La norma, con la que el Gobierno pretende que las empresas devuelvan los ingresos extras obtenidos por haber trasladado a los precios del mercado el valor de los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente, afecta a 19 productoras de electricidad, según los datos de la CNE.

El grueso corresponde a Endesa e Iberdrola (con 406 y 319 millones, respectivamente), seguidas de Fenosa, Cantábrico y GasNatural (unos 285 millones entre las tres) y de otras propietarias de ciclos combinados. Todas las grandes han tramitado ya sus correspondientes recursos ante la Audiencia Nacional.

En todos los casos, tal como indican en Fenosa, se han presentado recursos ciegos, que no incluyen aún los argumentos jurídicos, que se presentarán en los posteriores escritos de demanda. Al margen de la formalidad, todo el sector se opone a la minoración, por considerarla "una expropiación" de ingresos obtenidos en el mercado, aunque existen diferencias internas respecto a qué centrales debe afectar la norma y al reparto.

Endesa pide suspensión parcial

En cualquier caso, la mayoría de las empresas han presentado escritos de reposición solicitando medidas cautelares. Tal es el caso de Endesa e Hidrocantábrico que piden la suspensión temporal de la minoración que la orden establece para la energía vendida a través de contratos bilaterales, esto es, fuera del mercado mayorista de la electricidad (pool). También Iberdrola pidió cautelares el 3 de enero para toda la norma.

Endesa considera que, de ejecutarse, "este acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles", según el escrito presentado ante la Audiencia al que ha tenido acceso Cinco Días. Los ingresos que la eléctrica obtuvo con la energía vendida bilateralmente ascendió a 190 millones en 2006 (equivalente al 10% de su beneficio) sobre el total de 406 millones que le toca asumir. Endesa argumenta en su solicitud de cautelares que, dado que esta cantidad se restará del déficit de tarifa de ese año, y teniendo en cuenta que ella hizo las correspondientes aportaciones para cubrir dicho déficit, "tiene derecho a recuperarlo".

De no ser así, añade, perdería "oportunidades de negocio", algo que la Audiencia ha considerado en alguna ocasión como un daño irreversible. Teniendo en cuenta la posición de liderazgo de Endesa, y que esa cantidad es el coste de construcción de una central, la compañía considera que existe un riesgo de suministro, además de que la medida afectará "de forma irreversible a la credibilidad de los mercados internacionales y la confianza de los inversores".

En este sentido, la eléctrica recuerda que la propia CNE pidió en su día la exclusión de los contratos bilaterales físicos del real decreto. De hecho, Endesa había provisionado en sus cuentas la cantidad correspondiente a los ingresos extras del pool, pero no a los obtenidos por venta directa de energía. En su solicitud considera que la suspensión temporal de este punto de la orden, en tanto el juez se pronuncia sobre el fondo, no afectará negativamente al consumidor.

Por su parte, Cantábrico, que se alinea con los argumentos de Endesa, se opone a que se incluyan estos contratos, "porque no están en la casación" y porque su precio "no lo determina el del pool, sino la tarifa", indica la compañía.

La orden ministerial desarrolla el real decreto ley del 28 de febrero de 2006 (que las empresas no pudieron recurrir por tener rango de ley), que establecía la minoración de los citados ingresos extras no sólo para la energía casada en el pool, sino también a la vendida fuera de él mediante contratos bilaterales.

Por su parte, la norma afecta no sólo a las centrales que emiten, sino también al resto, ya que todas se benefician del precio máximo casado en un mercado como el eléctrico, que es marginalista. Algo a lo que se opone frontalmente Iberdrola.

Una batalla judicial con consecuencias hasta 2012
La decisión que el Gobierno adoptó en febrero de 2006 para frenar el déficit de tarifa derivado de los ingresos extras que las compañías obtenían al trasladar a los precios del mercado el coste de los derechos de CO2, tenía sólo vigencia por dos años, la del primer Plan Nacional de Asignación (PNA).

Sin embargo, para sorpresa del sector, el 7 de diciembre aquél aprobó un real decreto similar para el segundo PNA (2008-2012) y supondrá este año minorar 1.500 millones a las compañías. Por esta razón, éstas abordan su pleito ante la Audiencia contra la orden que desarrolla el real decreto de 2006 convencidas de que ganar la primera batalla supone ganar la segunda. Las empresas no pueden recurrir el nuevo real decreto (sólo la orden que lo desarrolle), pero han conseguido que se tramite como ley.

Fuente: Cinco Días.