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Llegan los ecoimpuestos
El gobierno socialista reabre el debate sobre la introducción de impuestos según criterios medioambientales
El Gobierno Central presentará en estos días la reforma del Impuesto sobre la Renta y del de Sociedades pero, además, abrirá un debate público para implantar nuevos impuestos ecológicos. Hasta ahora sólo se han planteado tímidos ensayos, principalment en las CCAA, que han originado fuertes debates políticos. Es el caso de la ecotasa en Baleares, que tuvo que suprimirse tras el rechazo del sector hotelero.
Sin embargo, se trata de un campo en el que hay un amplio margen y diversas experiencias que premiten extraer una conclusión: los impuestos ecológicos no producen aumentos de recaudación, sino que cambian comportamientos de los ciudadanos. Ésa es la tesis que defiende un documento interno de Iniciativa per Catalunya (ICV), el socio ecologista de Zapatero, al que ha tenido acceso La Gaceta. En 11 folios se exponen cinco ámbitos de actuación: nuevos impuestos ambientales, ambientalización de los tributos existentes, imposición sobre las emisiones de CO2, precios de servicios básicos públicamente regulados y sistemas de depósito y retorno.
Según lo avanzado en el Plan de Estabilidad remitido por Solbes a Bruselas, el Ejecutivo comparte que estas medidas fiscales pretenden evitar la incidencia negativa de algunas actividades contaminantes, aunque se apunta que lo circunscribiría al uso de recursos energéticos.
En este sentido, coincide con ICV, que defiende que la fiscalidad verde es uno de los principales instrumentos económicos para una política ambiental, ya que permiten 'incentivar' comportamientos más respetuosos con el medio ambiente. Un ejemplo reciente es el canon que se grava en Cataluña por el consumo de agua y que ha reducido su demanda.
La Administración General del Estado no ha planteado hasta ahora ninguna iniciativa sobre los dos tributos verdes más tradicionales emisiones contaminantes y generación de residuos-, pero sí ha puesto trabas a los esfuerzos individuales de algunas CCAA. ICV recomienda que el Gobierno armonice de manera progresiva los nuevos impuestos ambientales, aunque conceda cierto margen a las comunidades.
La propuesta de los ecologistas también abre la puerta a nuevos impuestos sobre productos ambientalmente problemáticos -como los fertilizantes-, sobre pernoctaciones turísticas y la ocupación del territorio o las viviendas. Este aspecto levantará polémica ya que proponen gravar algunos usos como pistas de esquí, campos de golf, parques temátivos así como segundas residencias.
Ambientalizar impuestos
En cuanto a los impuestos ya existentes, se esbozan diversas posibilidades, como permitir a las CCAA que recauden los ingresos derivados de los procesos de urbanización y compensar a los municipios con un aumento de las transferencias. También se habla de reformar el Impuesto de Bienes Inmuebles para que prime la certificación energética de los edificios, o de regular el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función de la contaminación del mismo.
ICV se hace eco de la escasa implantación de tasas de basuras por parte de los municipios, estructura el IVA según criterios medioambientales o el ilógico planteamiento de las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, que podría resolverse con un impuesto ambiental específico, o primando las energías renovables.
Un último ámbito de actuación son las tarifas del agua, gas natural o electricidad para estimular su ahorro. Aunque no es un impuesto, se puede premiar el retorno de batería o aceites de automoción.
Un impuesto sobre las emisiones de CO2
Dentro del papel impulsor del cumplimiento del Protocolo de Kyoto asumido por el Gobierno socialista, Inciativa per Catalunya apoya que la implantación de un impuesto sobre el CO2 vuelva a la agenda comunitaria.
Se trataría de un gravamen directamente proporcional a las emisiones esperadas, sobre todo de los productos energéticos, incluída la energía nuclear.
La recaudación, aunque se armonizase en la UE, correspondería a los Estados, que podrían implantar algunos tramos adicionales. El efecto sería que se encarecerían las energías contaminantes hoy menos gravadas. No afectaría a la gasolina, cuya tributación ya es elevada.
En cuanto al mercado de emisiones, una posibilidad es que el sector del transporte asuma el coste de la más que probable desviación sobre el límite del 15% sobre el año base de 1990.
Fuente: La Gaceta de los Negocios
