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El sistema eléctrico español

El sistema eléctrico español desafía todas las reglas de funcionamiento de una actividad económica. Existe un precio mayorista para la electricidad producida en las centrales, que compiten entre sí en el pool. Las distribidoras compran en ese mercado y revenden la energia al cliente final según la tarifa marcada por el Gobierno, que no suele guiarse por el coste en el mercado mayorista. Es decir, convive un mercado mayorista liberalizado con un mercado minorista regulado.

El gobierno del PP diseñó ese modelo en 1998 como un paso transitorio hacia la liberalización total. Temía que la excesiva concentración del sector disparara el precio del mercado mayorista. Para impedir que esa supuesta posición de dominio llegara al cliente final, mantuvo las tarifas bajo sus riendas. El Ejecutivo de José María Aznar bajó los precios de la luz un 18% entre 1997 y 2001. Su idea, a medio plazo, era eliminar la tarifa cuando la entrada de nuevos operadores incrementara la competencia.

Durante esos años, la bajada de los tipos de interés y la contención de los precios de los hidrocarburos permitieron que el sistema funcionara sin excesivas tensiones.

Pero el progresivo encarecimineto del gas (combustible de las últimas centrales que se han construido en España) y la aparición de un nuevo coste (las emisiones de CO2 de las plantas térmicas) han desembocado en una crisis aguda del sistema.

En 2005, esos dos factores elevaron en un 80% el precio medio del mercado mayorista de generación. La tarifa final sólo subió un 1,71%. Como consecuencia, la comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que se generó un déficit de tarifa (insuficiencia de ingresos de la factura para cubrir los costes de producción) de 3.800 millones.

El gobierno, que había encargado un informe al profesor Ignacio López Arriaga para que propusiera soluciones al sistema, paralizó las reformas en septiembre de 2005 cuando Gas Natural irrumpió en escena con una oferta pública de adquisición (opa) sobre Endesa, la mayor eléctrica española. Para no interferir en la operación, el Ministerio de Industria guardó en un cajón el Libro Blanco de Arriaga.

Pero llega 2006. El déficit se dispara, pese a que la tarifa sube un 4,5% y el Gobierno teme que el desajuste llegue a los siete mil millones de euros para el conjunto del año. El 21 de febrero, la empresa alemana E.O.N lanza una opa sobre Endesa que mejora la de Gas Natural.

José Montilla, ministro de Industria comprueba que no puede esperar al desenlace de la batalla por Endesa para detener el déficit, que según la ley debe ser recuperado por las eléctricas. Asi que el 24 de febrero, además de promulgar un decreto-ley que pone dificultades a la opa de E.O.N, lanza una nueva normativa para atajar el desajuste del sector eléctrico. Para ello, decide recortar de sus ingresos el valor de los derechos de emisión gratuitos de CO2 concedidos a las centrales y limita el precio de las operaciones de venta de energía entre generadoras y distribuidoras de un mismo grupo.

La primera medida castiga sobre todo a Endesa, Unión Fesona, Hidrocantábrico y Viesgo, que son las compañías con más peso en su parque generador de las plantas de carbón, las más contaminantes y las que más derechos de emisión requieren.

La segunda actuación de Industria (que el decreto califica de provisional) perjudica a Iberdrola. Esta empresa distribuye más energía de la que genera. Por ello, tiene que adquirir electricidad a sus competidores al precio de mercado, muy superior a les 42,35 euros por megavatio hora fijados por el Gobierno para las operaciones internas. Y casi toda la energía que produce Iberdola la vende a ese precio regulado, al ir destinada a su propia filial.

En el primer trimestre, las eléctricas reducen su beneficio operativo en 442 millones por el decreto. Iberdrola es, proporcionalmente, la más castigada: su resultado operativo cae un 20%. Y eso que la mayor parte del decreto sólo afectó a las operaciones de marzo. Por tanto, Iberdrola se juega su promesa de lograr un beneficio neto de 1.600 millones en 2006, un 16% más que en 2005.

Mientras Endesa y Fenosa piden diálogo a Montilla para establecer una regulación definitiva, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, pasa a la acción. A comienzos de semana, reclama al Gobierno que no conceda derechos gratuitos de CO2 al sector eléctrico para el periodo 2008-2012, lo que es un torpedo en la línea de flotación de sus competidores. Y anteayer, rompe la baraja del pool: decide que su distribuidora no compre energía por encima del precio tasado por el decreto.

Galán ha lanzado el órdago con un objetivo: que Industria no aplace el establecimiento de una regulación definitiva más allá de julio. Iberdrola pide una orientación definitiva: o se liberaliza el sector y se permite fijar precios libres al cliente final o se interviene el mercado y el Gobierno fija todos los costes e ingresos de las empresas.

Un órdago que Industria deberá responder para no perder la mano.

Fuente: Roberto Casado. Expansión, 10 de Junio de 2006