Ante el anuncio de la inminente publicación de un Real Decreto para regular la producción eléctrica que tipifica el autoconsumo doméstico con energía solar fotovoltaica como una infracción grave que puede ser multada hasta con 30 millones de euros, diferentes entidades que defienden el Derecho de la ciudadanía a aprovechar las energías renovables para luchar contra el cambio climático, han decidido declararse "culpables" de utilizar la energía fotovoltaica de forma que permita ahorrar la generación de electricidad bruta hecha con combustibles fósiles y nucleares. Por ello, solicitarán el ingreso en prisión MODELO de forma preventiva de sus representantes así como de sus kits de generación y uso directo de la electricidad generada con el sol.
La penalización del autoconsumo para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran producir y utilizar su propia energía es un ataque directo al Derechos humanos ya la democracia energética, pues impide que cualquier persona pueda contribuir a la reducción de emisiones para evitar el cambio climático.
La nueva regulación que prepara el Gobierno quiere impedir que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al uso libre del sol de forma que no sólo no se altere la calidad de la red eléctrica sino que además ahorraría costes a la sociedad ya que se evita que se tengan que importar combustibles fósiles, se deba generar electricidad sucia, se transporte y distribuir hasta los lugares donde se hace el uso final.
Las entidades convocantes a través de sus representantes legales denuncian esta situación que vulnera claramente la legislación europea de implantación de las renovables y de las políticas de lucha contra el cambio climático. La autonomía energética ciudadana es un derecho inalienable que no se puede penalizar como pretende hacer el Gobierno español para proteger los intereses del oligopolio energético que está estrangulando a todos los sectores de la economía española además de los usuarios domésticos.