Cada mañana abrimos alegremente el grifo para lavarnos los dientes, o para fregar las tazas. O simplemente la dejamos correr hasta que salga caliente, sin tener presente el esfuerzo que cuesta primero, conseguir el agua; segundo, potabilizarla; y tercero, distribuirla a cada uno de los hogares.
El derroche sin sentido que muchos hacen del preciado elemento, y una cada vez más profunda sequía que vive España, han conducido al Ministerio de Medio Ambiente a proponer a los ayuntamientos un mecanismo que penalice el consumo excesivo de agua.
Ese mecanismo consistirá en establecer diferentes tarifas en función del consumo de la vivienda. Lo que propone Narbona es que sólo los primeros 60 litros por persona y día tengan un precio bajo, mientras que aquellos que superen ese límite deban pagar un precio más caro por m3 de agua consumida. Si consideramos que el consumo medio en 2004 eran de 171 litros, -casi tres veces más- vemos que será difícil a cualquier hogar mantenerse dentro de los límites de consumo propuestos.
Tanto miembros del PP como de IU han señalado los 60 litros como exageradamente escasos, ya que sólo la ducha ya consume 40.
Algunas comunidades autónomas han introducido ya en su legislación esa idea de penalizar con una tarifa más cara quien sobrepase determinado consumo de agua, aunque el límite impuesto supera ampliamente los 60 litros recomendados por Narbona. Catalunya, concretamente, ha establecido un límite de 130 litros, mientras el País Vasco, una de las cuencas más ricas en agua de la Península, permite alcanzar los 200 litros por persona y día sin aumentos drásticos de precio.
Además de esta medida, en la reforma de la Ley de Aguas prevista por el Gobierno se incorporará también el principio de recuperación de costes al que obliga la Directiva Marco de Aguas, según la cual las tarifas sobre el agua deberán incluir los costes de su producción y distribución, por ejemplo el uso de desaladoras.