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«En Aznalcóllar, cuando la balsa minera se rompió, nadie sabía qué hacer porque no se había diseñado un plan de emergencia para situaciones como esa. Diez años después, tampoco existe», asegura el investigador Miguel Ferrer, ex director de la Estación Biológica de Doñana. Decenas de balsas mineras repletas de residuos contaminantes, de similares características a la de la empresa Boliden, no disponen de planes de emergencia en caso de rotura.
 

 

Ferrer, el que fuera director de la Estación Biológica de Doñana cuando se produjo el vertido tóxico procedente de la mina de Aznalcóllar. Ferrer, además de pedir un cambio urgente en la legislación para solventar esa situación, sostiene que aún quedan dos medidas que adoptar para cerrar el círculo de actuaciones que se pusieron en marcha tras el desastre medioambiental: el desvío del río Agrio y el sellado de la corta.

«El desastre de Aznalcóllar -asegura Miguel Ferrer- propició muchas reflexiones a nivel europeo sobre la contaminación de suelos, porque los vertidos a las aguas estaban mucho más desarrollados».

A raíz de ese episodio, ocurrido en la madrugada del 25 de abril de 1998 y que a partir de mañana se recuerda en una magna exposición abierta en La Cartuja (Sevilla), en la UE se desarrollaron directivas que progresivamente fueron traspuestas a la legislación de los diferentes países.

Una de sus consecuencias fue la aprobación, a finales del pasado año, de la Ley de Responsabilidad Ambiental, por la que se hace recaer sobre la empresa minera no sólo el mantenimiento y la seguridad de la balsa, sino también la recuperación del terreno afectado en caso de vertido.

«Es -subraya Miguel Ferrer- una situación totalmente distinta a la que teníamos con Boliden. Y si esta normativa hubiera estado en vigor en 1998, Boliden no se habría ido de rositas, como lo hizo».

Sin embargo, el ex director de la Estación Biológica echa en falta en esa normativa un punto esencial. «A pesar del tiempo transcurrido y de la lección de Aznalcóllar, no hay obligación por ley de tener un plan de emergencia en el caso de que una balsa se rompa».

Recuerda Ferrer que la no existencia de ese tipo de planes hizo que se tomaran decisiones de forma improvisada y descoordinada», aunque en última instancia no fueron desacertadas, «pero pudimos equivocarnos», admite.

«En Aznalcóllar, cuando la balsa minera se rompió, nadie sabía qué hacer porque no se había diseñado un plan de emergencia para situaciones como esa. Diez años después, tampoco existe. Me gustaría -apunta Ferrer- que no volviera a ocurrir, pero si se repite, me encantaría saber qué es lo más correcto. Por ello, la legislación se debe modificar en ese extremo».

En Andalucía, según Ferrer, hay varias decenas de balsas mineras-más de cien en toda España-, repletas de residuos tóxicos «realmente peligrosos, como el arsénico o el cianuro», fundamente a lo largo de la faja pirítica. Las empresas, enfatiza, son responsables del mantenimiento y seguridad «sine die» de las balsas, incluso después del cese de la actividad, «pero la Ley -insiste- no obliga a disponer de un plan de emergencia si las balsas se rompen».

Al margen de este cambio en la normativa, dos son, a juicio de Miguel Ferrer, las medidas que aún quedan por tomar para dar por concluido el plan de tareas derivado de la catástrofe de Aznlcóllar.

Si bien la balsa accidentada fue sellada en su día, existen aún filtraciones al río Agrio, asegura Ferrer, lo que provoca que aguas abajo, a través del Guadiamar, la contaminación siga entrando «gota a gota» en el entorno de Doñana.

La solución propuesta por este experto, hasta ahora no aceptada, es modificar el cauce del Agrio y devolverlo a su trazado original (fue cambiado en su día para construir la balsa), para que sus aguas no aporte más contaminación.

La segunda preocupación se centra en el fallido proyecto -por excesivamente caro- del sellado de la corta minera utilizada para depositar los lodos contaminados que se retiraron durante las labores de limpieza.

La corta tiene una profundidad de menos 300 metros, y requiere una actividad permanente, «cuyo final no vemos nunca», que consiste en bombear el agua del acuífero que constantemente se vierte sobre el fondo de la corta, con el objetivo de que no suba el nivel de esta última.

El ex director de la Estación Biológica de Doñana reflexiona sobre el décimo aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar y apunta que lo que hoy es una obviedad, en 1998 no lo era. Por ejemplo, «que los desastres ecológicos también lo son económicos y sociales». En este sentido, resalta que «cuando tratamos de conservar un ambiente adecuado lo hacemos principalmente para desarrollarnos nosotros como especie».

Recuerda Ferrer que en los primeros días posteriores al vertido «me llamó mucho la atención de que se hablara de proteger a los patos o a la gente. Pero ese discurso rápidamente desapareció, porque entendimos que teníamos un problema ambiental que afectaba a todas las especies por igual, particularmente a los intereses de nuestra propia especie».

Por último, Ferrer dice que es de destacar la reacción de la comunidad científica. «Se carecía de un plan de prevención porque nadie podía admitir que eso pudiera ocurrir. Pero en cuatro días había un comité liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con noventa investigadores. Demostramos que la comunidad científica puede resolver problemas. La pregunta es por qué ese ejemplo no se siguió en otras ocasiones».

Fuente: Ya.com.