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Fuentes bien informadas de la Presidencia de la Generalitat han filtrado a algunos medios de información que, como muy tarde mañana, se hará público el acuerdo del gobierno Zapatero de promover de manera inmediata la interconexión del excedente de agua de los regantes del Ebro hacia Barcelona, contraviniendo los compromisos de la Agencia Catalana del Agua y del propio ejecutivo catalán.  

La tubería discurriría en parte en paralelo por la autopista AP-7, aunque no en todo su recorrido. La conducción atravesaría los municipios de Tarragona, La Riera de Gaià, Altafulla, Torredembarra, La Pobla de Montornès, Creixell, Roda de Barà, El Vendrell, Calafell, Bellvei, l'Arboç, Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola y Vilafranca del Penedès, según el proyecto que salió entonces a información pública. Tendría un coste de 180 millones de euros (9 veces más que la propuesta de la Generalitat de hacer la captación puntual del Segre) y tardaría a hacerse, como mínimo, entre siete y nuevo meses, con lo que no se garantiza que la conurbación de Barcelona no tenga que sufrir cortes en el suministro pasado el verano.

 

La solución impuesta por el Gobierno español recupera en gran medida el proyecto de interconexión de redes de abastecimiento que sacó a información pública el Gobierno catalán  (CiU) en agosto del 2002, antes de que este plan fuera retirado por el Govern Maragall en el 2004 (con ICV ocupando ya la cartera de Medi Ambient, en el gobierno de la Generalitat).

También ha trascendido que el caudal portante será de 1,2 metros cúbicos de agua por segundo durante la época del invierno. Si embargo, dada la infraestructura de la obra es del todo plausible pensar que esta tubería será permanente y podrá "sacar" agua del Ebro siempre que se necesite. Otro dato en añadir es que el acuerdo incluye, también, pagar a los regantes del Ebro "que ya cobran 13 millones de euros anuales por su contribución a Tarragona" por esta captación.

Los compromisos contraídos por Montilla, que dijo que esta obra no era posible, y por la ACA, que se había comprometido ante la Plataforma de Defensa del Ebro, han quedado desbaratados por la decisión del Gobierno español, que una vez más impone "con el beneplácito de ERC e Iniciativa (con CiU en las bambalinas)" su voluntad por encima de la de los catalanes.

 

El primer proyecto de prolongación del minitrasvase contó en el 2002 con el rechazo de ICV, ERC y plataformas ciudadanas, que cuestionaron la importante dimensión de la conducción (1,90 metros de diámetro). Precisamente, este rechazo histórico de ICV a esa obra puede hacer más difícil que sea asumida en estos momentos.

De hecho, el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, insistía ayer en considerar que la mejor opción para saldar la carencia inmediata de agua es un trasvase de urgencia desde el río Segre hacia Barcelona. Baltasar confesó que no había recibido ninguna propuesta del Gobierno, lo cual podría indicar que no ha estado en el centro de la negociación.

Con cierto tono de ansiedad, el conseller de Medi Ambient retó al Gobierno a que presente una solución para afrontar la sequía en Catalunya con los requisitos que él estima necesarios: es decir, que la infraestructura que se acometa sea "temporal, reversible y provisional", no definitiva.

"La captación temporal del Segre (a través de la galería de servicios del túnel del Cadí) es la única posible para tener agua disponible de manera viable en el plazo necesario", declaró. El conseller insistió en que los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro prueban que el Segre en Isóvol (Cerdanya) tiene recursos suficientes para el trasvase.