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El presidente murciano aboga por un pacto de Estado respecto al modelo de agua

Durante su intervención en el II Congreso de Derecho de Aguas, ha demandado la puesta en marcha de los bancos de agua previstos en la reforma de la ley de aguas de 1999, con infraestructuras de transporte que lo hagan posible. Ramón Luis Varcárcel, solicita así mismo la urgente reforma de las confederaciones hidrográficas sin fronteras políticas

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha destacado hoy, en su discurso inaugural del II Congreso Nacional de Derecho de Aguas al que asisten más 200 juristas especialistas en la materia, que “tras la derogación del trasvase del Ebro y las nuevas reformas anunciadas, asistimos a una crisis del modelo establecido y de reconsideración del camino lógico recorrido en los últimos veinte años”.

En su intervención, Valcárcel ha señalado que “nos encontramos en el territorio con mayor déficit hídrico de todas las cuencas de España” y, ha añadido, que la falta de agua “puede condicionar nuestras posibilidades de progreso socioeconómico y sostenibilidad ambiental a medio y largo plazo”.

El presidente ha destacado que el agua debe ser objeto de un gran pacto de Estado y que “el planteamiento global, nacional, de los problemas del agua, requiere estabilidad y continuidad en el tiempo, y una disposición realmente abierta y positiva para resolver los problemas de todos urdiendo acuerdos básicos al margen de las complejas coyunturas de la política diaria”. Seguidamente ha criticado las “fórmulas de apropiación territorial” calificándolas como “un manifiesto retroceso histórico a épocas de apropiación de los bienes públicos ya felizmente superadas”.

Valcárcel ha dicho que ve con preocupación las recientes cláusulas introducidas en la legislación respecto al trasvase Tajo-Segura, ya que “generan incertidumbres e inseguridades en cuestiones que requieren justamente lo contrario: ideas sólidas, seguridad jurídica y perspectivas claras de futuro”.

El presidente ha demandado asimismo la puesta en marcha de los bancos de agua previstos en la reforma de la ley de aguas de 1999, con infraestructuras de transporte que lo hagan posible.

Respecto a la desalación de aguas, ha expresado que le preocupa el cambio de régimen jurídico que las convierte en aguas de dominio público, “lo que, sumado a la confusión existente respecto a las situaciones transitorias de las plantas en desarrollo, nos sitúa nuevamente ante una negativa situación de indeterminación e incertidumbre”.

Finalmente, en cuanto a la administración hidráulica, Valcárcel ha afirmado no creer en las ventajas de un modelo territorializado mediante fronteras políticas y ha abogado por “superar la concepción de las Confederaciones Hidrográficas como meros órganos periféricos de la Administración Central, con autonomía real sumamente limitada, y que distan mucho de ser ese organismo de concurrencia de intereses y competencias sectoriales que previó el legislador”.