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El Consejo de Administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) decidió adjudicar, en su reunión celebrada ayer viernes, las obras de plataforma y vía del túnel de conexión Sants-La Sagrera del AVE en Barcelona a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sacyr, SAU, Cavosa y Scrinser. Esta obra contempla una inversión de 179,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 35 meses.
 

El tramo adjudicado es de 5,64 kilómetros de longitud, parte de la estación de Sans y discurre hasta la futura estación de La Sagrera. Los primeros 422 metros, así como los 395 últimos se realizarán mediante el sistema de falso túnel entre pantallas, mientras que los 4.832 metros restantes se construirán con el empleo de tuneladora.

Según el ADIF, esta solución se ha adoptado para conseguir que el túnel no discurra en ningún punto de su recorrido bajo edificios, y que lo haga siempre por la zona central de las calles Mallorca, Diagonal y Provença.

Protección para la Sagrada Família

En el caso del túnel en las proximidades de la Sagrada Familia, y con carácter previo al paso de la tuneladora, se dispondrá una protección específica mediante una pantalla permeable de pilotes de 1,5 metros de diámetro y unos 40 metros de profundidad. Esto permitirá aislar al templo de las obras de ejecución del túnel.

Tras la adjudicación de la obra y con carácter previo a la excavación, se llevarán a cabo una serie de actuaciones, como la construcción de los pozos de evacuación y ventilación pertinentes y el montaje de la tuneladora, entre otros, con un proceso de desarrollo que se prolongará durante un año.

La tuneladora que va a emplear la UTE se fabricará especialmente bajo encargo para esta obra, y es del tipo conocido como de Escudo de Presión de Tierras (EPB), que tiene 11,4 metros de excavación.

Entre los elementos singulares del proyecto destaca la construcción del pozo principal de instalación y extracción, situado al final del trazado, y dos adicionales para las operaciones de la tuneladora, así como 12 pozos para salidas de emergencia del túnel, de los que cinco serán, además, empleados para ventilación, y de ellos, otros dos para bombeo de las aguas freáticas.

Este túnel es la continuación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que tras atravesar a la Ciudad Condal continuará hasta enlazar en la frontera francesa.

Estas obras están cofinanciadas en un 72,25 por ciento con fondos de cohesión de la Unión Europea.

Amenazas anti-AVE

Justo ayer, diversos colectivos en contra de esta infraestructura, agrupados en la Junta Permanent en Defensa del Patrimoni de Catalunya, emitieron un comunicado de aviso a las constructoras que ganen el concurso, una circunstancia que en medios oficiales se interpretó como una amenaza.

Textualmente, se "advierte a la empresa que resulte la concesionaria que será rigurosamente exigente y beligerante con todos y cada uno de los derechos que puedan conculcar en su actuación constructora". Las fuentes consultadas subrayaron que al resolver una licitación se tiene muy en cuenta, además de la oferta económica, cuestiones como los requerimientos técnicos o las condiciones de seguridad laboral y del entorno. La Generalitat y el Ayuntamiento ya han empeñado su promesa de que esta obra se desarrollará con el máximo de garantías y de vigilancia y con la participación ciudadana.

Según el comunicado, la junta remitió telegramas "de posicionamiento ante las ocho empresas que se han presentado". En este telegrama -dirigido también al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y al president Montilla, entre otros- se explica que "la ciudad en general y sus ciudadanos y vecinos afectados" se han opuesto a esta obra que se hará cerca de la Sagrada Família". Y se recuerda que el pleno municipal se posicionó en contra del trazado. Este mismo trazado, aprobado en su día con el apoyo de todos los partidos, ya fue sujeto activo de las pasadas elecciones municipales que ganó Jordi Hereu, a quien estos grupos piden ahora su dimisión como alcalde por apoyar la conexión entre Sants y Sagrera.

El Gobierno calma a la Audiencia

Según cuenta J. M. Brunet en La Vanguardia, el Gobierno ha hecho llegar a la Audiencia Nacional el mensaje de que la concesión de las obras del túnel entre Sants y la Sagrera no implica que se pretenda condicionar la decisión judicial pendiente sobre las obras. El túnel depende la resolución que tome la sala de lo contencioso-administrativo sobre los riesgos que el túnel puede entrañar para el templo de la Sagrada Família. El Ejecutivo estima que puede conceder la obra aún a sabiendas de que falta la decisión de la Audiencia, porque el túnel no alcanzaría el subsuelo de la Sagrada Família antes del verano de 2009.