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Las dos cuestiones planteadas por Jean-Louis Borloo, ministro de Ecología, a la Alta Autoridad eran precisas: ¿hay nuevos elementos científicos sobre el maíz transgénico MON810 —que en Estados Unidos se comercializa con el nombre YieldGard—, desde su autorización por la Comisión Europea, en 1998?; ¿hay dudas serias con miras a cuestionar esta homologación? Las respuestas estuvieron claras. 

«Sí, existen nuevos elementos científicos», declaró a Jean-François Le Grand, senador UMP del Canal de la Mancha, presidente de la Alta Autoridad, al entregar el dictamen al ministro Borloo. «Sí, existen serias dudas. Para levantarlas, es necesario tener tiempo y medios.» 

Las palabras no se eligieron aleatoriamente. En su rueda de prensa del martes 8 de enero, Nicolas Sarkozy se había manifestado preparado para activar la cláusula de salvaguardia europea sobre del MON810 en caso de «serias dudas». Según toda probabilidad, la cláusula se activará y el cultivo del MON810 suspendido. La moratoria será entonces efectiva, puesto que este maíz resistente a varios insectos lepidópteros —devastadores del maíz— es la única planta transgénica disponible para su cultivo en Europa.

Por primera vez en Francia, una autoridad encargada de la evaluación de los OGM emite un dictamen reservado y firmemente apoyado.

La originalidad de la Alta Autoridad sobre los OGM, nacida de la Grenelles (asamblea) del medio ambiente, es su composición, mucho más variada que la de las antiguas instancias. Cuenta con científicos de numerosas disciplinas (ecología, genética de las poblaciones, agronomía, entomología…), y no solamente de los genetistas y toxicólogos. 

Entre sus 35 miembros figuran también profesores de derecho, economía, sociología y los representantes de la sociedad civil (ecologistas, sindicalistas agrícolas, miembros de estructuras económicas). 

«Desobediencia civil»

Sin embargo, la asociación Greenpeace y la Confederación campesina, opuestas a la OGM, boicotearon sus trabajos, ya que reclamaban la activación de la cláusula de salvaguardia inmediatamente después de la promesa hecha por el ministro de Ecología en la Grenelle del medio ambiente, al final del mes de octubre de 2007.

Por su lado, el representante en la Grenell del sindicato agrícola francés mayoritario (FNSEA), Pascal Ferey, mencionaba este miércoles una posible «desobediencia civil»: la compra de semillas de MON 810 en España (ya que en nuestro territorio, especialmente en Aragón y Catalunña hace años que se cultiva) si la decisión se justificaba de manera política y no científica.

Recibido por Nicolas Sarkozy durante la tarde, el presidente del FNSEA, Jean-Michel Lemétayer, afirmaba haber recibido del presidente que se tomaría el tiempo necesario para examinar el dictamen antes de tomar cualquier decisión. Pero, con la declaración del jefe del Estado en su rueda de prensa de la víspera, Jean- Louis Borloo ya había ganado la partida, mientras que el ministro de Agricultura, Michel Barnier, qeudaba sujeto a la divergencia de las decisiones.

La perspectiva de una cláusula de salvaguardia en estos supuestos es acogida favorablemente por los ecologistas y por los cargos electos verdes, que alegan desde años las lagunas en el conocimiento sobre los efectos medioambientales y sanitarios de los OGM. Pero también por una parte del mundo agrícola. La Confederación Campesina y la Coordinadora Rural son desfavorables a los OGM, más bien por razones económicas: temen la influencia de las empresas fabricantes de OGM sobre las semillas.

El cariz de los acontecimientos sorprendió también en la mayoría de la derecha, donde se acusa al Gobierno de dar alas a José Bové (representante de la Confederación Campesina), en huelga de hambre desde el 3 de enero. «La cláusula es un mal mensaje, en el momento en que Francia se prepara ara presidir la Unión Europea», afirmó Jean Bizet, senador UMP del Canal de la Mancha, favorable a los OGM. Los pro OGM se convencen de ser sacrificados por el Gobierno con los ecologistas: una victoria sobre los OGM contra su silencio sobre la cuestión nuclear en los debates de la Grenelle del medio ambiente.

Sin embargo, la activación de la cláusula no significará que Francia se pronuncia definitivamente sobre la suerte de los OGM. La Alta Autoridad emitirá sus dictámenes individualmente sobre cada OGM. Su composición y su cuestionamiento ampliado deberían darle una legitimidad que las instancias anteriores, como la comisión de ingeniería biomolecular, nunca habían podido adquirir. El contenido del dictamen sobre el MON810 refleja este nuevo estado de ánimo.