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Prioridades para un Gobierno sostenible

Ecologistas en Acción considera que los próximos 6 meses serán muy representativos de la línea que quiere seguir este nuevo Gobierno. Si efectivamente el nuevo Ejecutivo se quiere comprometer en la lucha por la sostenibilidad, la adopción de las siguientes medidas resultará un indicador muy positivo de que las palabras de Rodríguez Zapatero son reales y no meras declaraciones de intenciones.

Las medidas que propone la organización ecologista no están únicamente dirigidas al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, sino que son un compromiso por la sostenibilidad abarca al conjunto del Gobierno y, especialmente, a los Ministerios de Fomento, Economía y Asuntos Exteriores.

 Revisión de la Estrategia de Española de Cambio Climático haciéndola más ambiciosa que la actual, de manera que nuestro estado cumpla el Protocolo de Kioto sin hacer uso de los mecanismos de flexibilidad recogidos en el mismo.

 Dar marcha atrás con las medidas de incentivación de la construcción y las grandes infraestructuras que aprobó el primer Consejo de Ministras/os. Las inversiones públicas en construcción deberían centrarse en incentivos a la reconversión de las construcciones existentes en bioclimáticas.

 Aprobación con carácter urgente una Ley de Movilidad Sostenible que obligue al resto de administraciones a desarrollar y poner en práctica planes de movilidad sostenible, con restricciones al uso excesivo del automóvil al tiempo que se fomenta el transporte público y el no motorizado. Estos planes deben ir dirigidos a reducir los impactos del transporte.

 Una nueva planificación del transporte centrada en la sostenibilidad, lo que lleva a la abolición del PEIT (Plan Estratégico de Infraestrucutras de Transporte). El nuevo Plan de Transporte Sostenible debería ajustarse a los criterios de la Ley de Movilidad Sostenible mencionada. En concreto es necesario paralizar la construcción de autovías y líneas de alta velocidad ferroviaria.

 Desarrollar la legislación sobre calidad del aire, forzando a las administraciones autonómicas y locales al cumplimiento de los límites legales existentes, algo que ahora no ocurre.

 Redefinición del Programa AGUA, de manera que quede prohibido cualquier tipo de trasvase entre cuencas y se paralice la construcción de desaladoras. Es decir, pasar de una política de gestión de la oferta a una de gestión de la demanda.

 Aprobar el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que incluya los Criterios Orientadores de la Red Natura 2000.

 Prohibición del cultivo y comercialización de la variedad transgénica de maíz MON810, como ya hay hecho países como Francia. Esto sería un paso previo a la declaración del Estado español como de zona libre de transgénicos.

 Promover un plan real de recuperación de los caladeros de especies como merluza, boquerón, gallo, rape, cigala o atún rojo. Sobre el atún rojo se deberían cerrar la pesquería durante, al menos, tres años.

 Es necesario sacar definitivamente adelante la Ley de Envases y Residuos de Envases (LERE), en la que quede patente, con acuerdos de obligado cumplimento, la reducción progresiva de envases y residuos.

 Relacionado con este aspecto es muy importante la puesta en marcha de un Plan Nacional de Recogida Selectiva de Materia Orgánica.

 Vetar por parte del Gobierno español las negociaciones que está llevando a cabo la Unión Europea en pro de Tratados de Libre Comercio con distintas regiones del planeta como los países ACP.

 Inicio de la reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental para que esta pueda ser aplicable a las empresas españolas en el extranjero.

 Retirada de las tropas españolas de Afganistán.