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La Comisión Europea ha acusado hoy al Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la UE de poner "trabas y numerosísimas condiciones" a las empresas energéticas en el mercado. Denuncia que Madrid ha replicado asegurando que su principal objetivo al evaluar estas operaciones es garantizar el suministro energético.

 

Ante el tribunal que juzga la ampliación de poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en relación a la fallida OPA de la alemana E.ON sobre Endesa, el letrado del ejecutivo comunitario Ramón Vidal Puig ha denunciado que tanto esta iniciativa como la actuación posterior del organismo sólo buscan impedir que la toma de decisiones en las compañías energéticas se traslade a otros países.El proceso por la ampliación de competencias del organismo regulador español es el segundo caso que enfrenta a Bruselas con el Gobierno de Zapatero ante la Justicia europea en el marco de la mencionada OPA. Precisamente, Luxembrugo ya condenó a España a principios de marzo por no retirar las condiciones a la oferta de compra del gigante germano, medidas que la CE consideraba "ilegales" y cuyo mantenimiento le valió un tirón de orejas al Ejecutivo por parte de la Justicia al reprocharle que no podía desobedecer a la Comisión.

Vidal Puig ha expuesto ante la corte europea los argumentos de la Comisión Europea, que denunció a España por la extensión de los poderes de la CNE, aprobada de urgencia en marzo de 2006, tras conocerse la intención del grupo alemán de entrar en el capital de Endesa.

La norma establece un mecanismo de autorización previa para la adquisición de una participación significativa (de más del 10% o que conceda capacidad de decisión) en empresas españolas que operan en mercados regulados.

En virtud de esas nuevas competencias, el regulador español evaluó, entre otras, las opas sobre Endesa de E.ON y Enel y Acciona, y les impuso condiciones.

Bruselas considera que la nueva regulación de la CNE, y en concreto la función decimocuarta, restringe los principios comunitarios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.

Por parte del Gobierno, la abogada Nuria Díaz Abad ha rechazado que la modificación legislativa viole la normativa comunitaria y ha destacado que el mecanismo de control previo sólo persigue asegurar el aprovisionamiento energético y salvaguardar la situación patrimonial de las empresas que operan en sectores regulados.

"La posibilidad de que el Gobierno analice operaciones en el sector energético debe mantenerse", ha recalcado, para así garantizar el suministro.

La letrada ha hecho hincapié en que en Europa "no existe un mercado interior de la energía", a lo que se une la especial posición de España, "una isla energética", debido a sus limitadas conexiones y a que carece de gas en su territorio.

Díaz Abad ha negado categóricamente que España ponga trabas a las empresas extranjeras y ha recalcado que la opa de E.ON quedó sin efecto "porque los accionistas no la aceptaron".

Así, ha recordado que la función decimocuarta se ha aplicado desde marzo de 2006 a más de treinta operaciones, de las que sólo seis implicaban a empresas extranjeras.

 

Fuente: Europa Press.