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La desaparición de la tarifa nocturna obligará a cerca de un millón de familias acogidas a esta modalidad a pagar entre un 25% y un 80% más en su factura eléctrica, según el portavoz de la Unión de Consumidores de España, Dacio Alonso, quien calificó de "inconstitucional" los cambios aplicados por el Gobierno.
 

 

 

En una rueda de prensa, Alonso consideró que el cambio en esta tarifa es "inconstitucional" y que permitirá a las empresas, en "connivencia con el Gobierno", ingresar de forma "ilícita" cerca de 150 millones de euros, al tiempo que los consumidores desembolsan 140 euros más en su factura de la luz al año.

Por este motivo, UCE exige al Ministerio de Industria la retirada del real decreto 1634/2006, que entrará en vigor a partir del 1 de julio con los cambios en la tarifa nocturna, y se compromete a adoptar "todas las acciones judiciales" necesarias para que se retire la norma.

La UCE ya ha denunciado el texto ante el Defensor de Pueblo y ante instituciones similares de carácter autonómico. Alonso explicó que esta iniciativa ha sido admitida a trámite y mostró su confianza en que el Defensor del Pueblo pida al Gobierno la paralización del decreto.

Hasta el momento, los usuarios de tarifa nocturna se beneficiaban de un descuento del 55% en las 'horas valle' -entre las 23 y las 7 horas- y sufrían una penalización del 3% durante el resto del día, considerado 'hora punta'.
Con el nuevo sistema de discriminación horaria, se amplía de ocho a catorce el número de horas 'valle' y se reduce ligeramente, al 47%, la bonificación por consumir en ese periodo, pero se obliga al usuario a contratar la máxima potencia demandada y se le aplican penalizaciones del 35% si lo hace en horas 'punta'.

Estos dos últimos aspectos son a juicio de Alonso los factores que encarecen considerablemente la factura de los usuarios y suponen un "cambio en las reglas de juego", así como un "abuso manifiesto" y un "atropello" por parte del Ministerio de Industria.

Por otro lado, la UCE denuncia la "falta de transparencia" del Gobierno en este proceso, ya que no ha realizado campañas para informar a los consumidores del cambio de la tarifa y ha actuado en "complicidad" con las eléctricas.

Las empresas, señaló Alonso, apenas han informado a los usuarios de los cambios en sus contratos y, si lo han hecho, ha sido a través de cartas en las que se empleaba un lenguaje "farragoso", afirman los consumidores.