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Iberdrola y EDF comparecerán hoy ante el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Bilbao en una audiencia previa al juicio que se celebrará entre ambas partes después de que la empresa española acusara al grupo francés de incurrir en un presunto caso de competencia desleal por no aclarar sus intenciones respecto a la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán.

Tras conocerse a comienzos de año la disposición de EDF a negociar con ACS acerca de Iberdrola, la eléctrica española denunció a la compañía de Pierre Gadonneix ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, que impuso medidas cautelares en contra de la empresa francesa.

Iberdrola exige que EDF haga públicas sus intenciones en la eléctrica española. Esta petición fue respaldada por el juez Edorta Etxarandio, quien impuso medidas cautelares al concluir que el grupo francés había incurrido en un presuntao caso de competencia desleal al no hacer público si tiene intención de comprar la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán.

El juez reconoce además que los rumores corporativos surgidos a la sombra del interés de EDF por la eléctrica han "dañado" la actividad de Iberdrola y alterado su "normal funcionamiento." No obstante, su decisión de imponer medidas cautelares no ha sido aceptada por el grupo francés, que rechaza las competencias del juzgado bilbaíno en el asunto.

El objetivo de la audiencia de mañana será examinar las cuestiones procesales y fijar con precisión el objeto del juicio. Se estudiarán además las cuestiones legales que podrían plantearse con carácter excepcional y, si procede, se admitirán pruebas.

La audiencia está prevista para las doce del mediodía y se celebrará después de que EDF presentara un escrito de contestación a la demanda y de que un tribunal francés dictaminara que la instancia de Bilbao tiene competencias para pronunciarse sobre el asunto.

El magistrado de Bilbao ha explicado en varias ocasiones los motivos que le capacitan para pronunciarse. Según dice, no vulnera los reglamentos comunitarios sobre competencias y puede adoptar una resolución "ejecutable o no" al margen de que exista necesidad de 'exequatur' -validación judicial de un tribunal de otro país para que se apliquen las resoluciones-.

Las medidas cautelares se impusieron a finales de marzo y desde entonces EDF no ha aclarado sus intenciones en Iberdrola, pero tampoco ha anunciado ninguna inversión en la empresa ni avances en sus negociaciones con ACS.

En paralelo, el departamento jurídico de Iberdrola ha abierto cinco frentes en la Unión Europea contra el grupo francés, en los que arremete contra sus blindajes estatales, sus ayudas públicas y su posición de dominio en el mercado doméstico.

 

Fuente: Europa Press.