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A partir de abril, todas las compañías eléctricas acompañarán las facturas de una etiqueta, con un diseño uniforme y oficial, que indique el origen de la electricidad vendida al consumidor y el impacto ambiental producido en su generación. Así se desprende de una circular de la Comisión Nacional de Energía, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que otorga al usuario el derecho a conocer ambos aspectos sobre la electricidad que utiliza.
 

 

En el nuevo formato la información sobre el efecto ambiental se presenta a modo de ránking de menor a mayor impacto, aunque el más leve perjuicio considerado no será el cero, sino simplemente el inferior a un 35 por ciento de la media nacional.

La clasificación de 'mínimo impacto ambiental' (nivel A) aparecerá en cualquier etiqueta cuyo nivel de emisiones de CO2 o de residuos radiactivos producidos sea inferior a este porcentaje, y el nivel B en las que estén por debajo del 65 por ciento.

El contenido de la etiqueta es estándar en el conjunto del Estado para permitir la comparación entre proveedores y la elección de los consumidores.

Para garantizar la veracidad de los datos, la elaboración de este etiquetado corresponde a la Comisión Nacional de Energía, como organismo independiente.

La plataforma ecologista Greenpeace celebra este avance pero lamenta que este organismo haya 'rebajado' los criterios sobre el impacto ambiental de la energía en el nuevo etiquetado eléctrico.

No obstante, pide que en la próxima Ley de Energías Renovables, que todos los partidos prometen, se refuercen las exigencias para calificar el efecto sobre el medio ambiente en este nuevo formato y que se cierre la puerta a cualquier intento de 'engaño verde'.

'Ahora tendremos un etiquetado eléctrico estándar, con lo que los consumidores podrán recibir la información fiable sobre el origen de la electricidad que compran, condición necesaria para ejercer su derecho a elegir', declaró José Luis García, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España.

García sostuvo que las compañías eléctricas que 'pretendan engañar al consumidor con energía falsamente verde lo van a tener más difícil'.

Sin embargo, el ecologista alertó de que el nuevo sistema tiene un 'grave defecto', ya que 'deja abierta una peligrosa puerta' a la manipulación, en el caso de que una empresa pretenda 'edulcorar artificialmente la etiqueta de la energía que vende, para hacerla parecer más limpia de lo que realmente es'.

'Podría hacerlo simplemente adquiriendo garantías de origen que alterarían la combinación de energías que se ve en la etiqueta, sin tener que haber cambiado en nada la energía que realmente está suministrando', concluyó.