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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictamina hoy jueves 17 de julio si la ampliación de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que ha permitido al regulador español imponer condiciones a las ofertas públicas de adquisición de E.ON y de Enel y Acciona sobre Endesa, vulnera la legislación comunitaria.
 

La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal al considerar que el decreto de febrero de 2006 que faculta a la CNE para analizar fusiones energéticas establece restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento. El Gobierno siempre ha defendido que esta norma es imprescindible para garantizar la seguridad de suministro.

 La ley española en cuestión es el Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la CNE. En virtud de esta disposición, la CNE tiene que autorizar la adquisición de participaciones en un porcentaje superior al 10 % del capital social --o cualquier otro que conceda influencia significativa-- en empresas activas en el sector energético.

Amparándose en esta norma, el regulador impuso una serie de condiciones a la compra de Endesa por parte de la eléctrica alemana E.ON que fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea. El TUE ya ha condenado a España por no haber retirado estas condiciones, incluso aunque E.ON renunció a su oferta pública de adquisición.

El Ejecutivo comunitario también ha declarado ilegales los requisitos impuestos por el órgano presidido por Maite Costa a la adquisición de Endesa por parte de Enel y Acciona y está a punto de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia.

Durante la vista oral del caso, que se celebro el pasado mes de abril, el Gobierno español defendió ante el Tribunal su potestad de analizar e imponer condiciones a las fusiones energéticas para garantizar la seguridad de suministro al considerar que no existe un auténtico mercado interior de la energía en la UE y que la situación de España es especial por tratarse de una "isla energética".

La Comisión replicó por su parte que el auténtico objetivo de las autoridades españolas no es garantizar la seguridad de suministro sino evitar que los centros de toma de decisión de las empresas energéticas españolas vayan a otros países de la UE, lo que supone una vulneración del derecho de establecimiento reconocido en la normativa comunitaria.