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Sentencia de la Audiencia Nacional sobre la decisión del cierre de Garoña
Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, hecha pública esta mañana, sobre la decisión del cierre de Garoña, Ecologistas en Acción, la Confederación General del Trabajo y Greenpeace celebran la no prolongación del funcionamiento de la central hasta 2019. Las tres organizaciones, que pedían el cierre inmediato en el procedimiento, piden al Gobierno y al ministro de Industria el establecimiento de un calendario de cierre del resto del parque nuclear español (otras siete centrales nucleares), ya que esta sentencia le otorga la potestad de decidir sobre el cierre de las centrales nucleares cuando expira su permiso de explotación.
El Tribunal ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la decisión del Gobierno de proceder al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013. Esto incluye tanto los de la empresa propietaria Nuclenor, que pretendía que la central funcionara hasta 2019, como las de las asociaciones ambientalistas Ecologistas en Acción y Greenpeace, y la organización sindical CGT, que pedían el cierre inmediato. La sentencia, además, ratifica el no otorgamiento de ninguna indemnización.
Además, se ha producido un voto particular que reconoce la vulneración alegada por las tres organizaciones de que en la aprobación de la orden ministerial no ha respetado la Ley 27/2006 que reconoce el derecho a una participación pública real y efectiva.
Para Ecologistas en Acción, CGT y Greenpeace esta sentencia otorga potestad al Gobierno para proceder al cierre de las centrales nucleares cuando expira su autorización de explotación, puesto que bastaría con no renovarla. En particular, las organizaciones ecologistas solicitan que no se renueve el permiso de explotación de la central de Ascó I (Tarragona) que expira el día 1 de octubre. Además, solicitan del Gobierno el establecimiento de un calendario de cierre según vayan expirando estos permisos.
Las organizaciones ecologistas celebran el que Garoña no siga funcionando hasta 2019, como pretendía Nuclenor y la Junta de Castilla y León, USO y UGT, entre otros, lo que sería una temeridad. Sin embargo, cuestionan porqué se permite a la planta seguir funcionando en la actualidad, con los sistemas de seguridad muy degradados y con los graves problemas de contaminación térmica que está produciendo en el río Ebro (vulnerando la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Ebro). El propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconoce en sus dictámenes la existencia de numerosos elementos severamente degradados y la necesidad de atacar una serie de reparaciones para seguir funcionando. El CSN reconoce la necesidad de reparaciones en elementos tan vitales como el sistema de protección contra incendios, el cambio de cientos de metros de cables, o el aislamiento de la sala de control.
