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Las petroleras han perdido, de momento, la batalla sobre el uso de combustibles renovables en los automóviles. La orden ministerial que desarrolla la obligación legal de que las gasolinas y los gasóleos incluyan hasta un 5,83% de biocarburantes (en valor energético por litro, no en volumen) ha generado gran malestar entre las petroleras integradas en la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP).

La orden, cuyo borrador ha sido remitido a la Comisión de la Energía para su informe, exige que la mezcla se haga en igual proporción en el gasóleo (al que se incorpora biodiésel, fabricado a partir de aceites) y las gasolinas (a las que se debe añadir bioetanol, o alcohol producido con cereales fermentados). La nueva Ley de Hidrocarburos, que se reformó en mayo para su adaptación a la directiva europea del gas, impone que el porcentaje mínimo de biocarburantes en 2010 sea el 5,83%, si bien, a modo indicativo, el porcentaje debe ser del 1,9% en 2008 y del 3,4% en 2009. La norma española es más estricta que la directiva, que no impone la obligación, sino sólo una recomendación.

Sin embargo, al no especificar qué porcentaje debía corresponder a cada carburante, las petroleras han venido reclamando que se mantuviera esa falta de especificación y no se les exigiera el uso de bioetanol en las gasolinas, a cambio de aumentar el porcentaje de biodiésel, hasta alcanzar, como media, el porcentaje que impone la ley.

El argumento es que en España, al ser excedentaria de gasolinas, la mezcla obligará a aumentar las exportaciones. Por el contrario, al ser deficitaria en gasóleos, un aumento de las importaciones no acarrearía problemas. Además, las empresas del sector tienen en proyecto algunas plantas de biodiésel y alegan también razones técnicas. Por ejemplo, que la logística del bioetanol es más estricta, y que se van a enfrentar a proveedores “poco fiables”, como son los agricultores.

Las presiones de las organizaciones agrarias, de Medio Ambiente y de los fabricantes de bioetanol, como Abengoa, (en España existen cuatro plantas y es el segundo productor europeo) han llevado finalmente al Gobierno a imponer el 5,83% de bioetanol. De lo contrario, “las petroleras lo harían todo con biodiésel”, aseguran fuentes próximas al Ejecutivo.

La orden ministerial, que entrará en vigor el 1 de enero de 2008, establece un mecanismo de certificados de biocarburantes, que expedirá la Comisión Nacional de la Energía. Con estos certificados, los operadores al por mayor (los que están obligados por la nueva norma) podrán acreditar las cantidades de biocarburantes incluidas en sus ventas.

Hasta el 5,8% de mezcla, las gasolinas y los gasóleos no tendrán un etiquetado especial, que sí llevarán a partir de ese límite, especificando la proporción. Según los expertos, los motores de gasóleo resisten hasta un 30% de biodiésel y, en el caso de las gasolinas, el porcentaje (sobre el que no hay consenso) se sitúa entre el 5% y el 10%.

Fuentes de Repsol dicen haberse sorprendido “por la obligatoriedad de la norma” y por el hecho de “que se exija el consumo de biodiésel y bioetanol en igual proporción”, cuando este último “da problemas, que se traducen en problemas económicos”. E insisten en que la “vía óptima para España es el biodiésel”.

La petrolera que preside Antonio Brufau va a elaborar un informe sobre el impacto económico de la medida, que podrá utilizar en las alegaciones que quiere presentar a la CNE. “Para cumplir con el límite del 5,8% tendremos que vender otros productos que, sin embargo, el consumidor no está obligado a comprarnos”, subrayan en Repsol.

La orden ministerial para fomentar el uso de biocarburantes en gasolinas y gasóleos establece mecanismos de flexibilidad cuyo objetivo es la creación de un mercado de certificados (similar al del mercado de emisiones de CO2) que acreditarán las cantidades de biocombustibles que anualmente utilicen las petroleras. Los operadores que no tengan certificados suficientes deberán realizar un pago compensatorio. En el caso del gasóleo, éste será de 200 euros por tonelada equivalente de petróleo (o 22 céntimos por litro) y, en el de la gasolina, de 400 euros por tonelada.

Este sistema actuará como un seguro, que evitará que a las empresas les compense pagar la penalización cuando el precio del carburante esté por debajo de la misma. Los pagos irán a una bolsa de la que podrían beneficiarse las compañías que, por el contrario, superen la mezcla obligatoria. Quien no pague la compensación será multada con una cantidad que puede llegar hasta los 30 millones de euros, según el borrador de la orden ministerial.