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El caso se remonta al año 2001, cuando la Comisión recibió una queja según la cual este proyecto afectaría las dos únicas zonas importantes para la conservación de las aves esteparias en Cataluña. Ante la negativa de las autoridades españolas a modificar el plan del canal Segarra-Garrigues, el ejecutivo comunitario denunció al Reino de España delante del Tribunal de Luxemburgo.

En su sentencia, el TJUE recuerda que la normativa europea sobre aves impone a los estados miembros el deber de designar zonas especiales de protección de aves (ZEPA), y evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como las perturbaciones que afecten a las aves. 

Esto se aplica, sigue el TJUE, incluso en los casos en los cuales la zona afectada no haya sido calificada como ZEPA cuando lo debería de haber sido. Los jueces destacan que algunos de los terrenos afectados por este proyecto de regadío, como las zonas de los Plans de Sió, Belianes-Preixana, y Secans del Segrià-Garrigues, que guarecen en particular especies como el sisón común, la alondra de Dupont, la carraca europea y el águila azor perdicera, iban a ser clasificados como ZEPA según el acuerdo adoptado por la Generalitat de Catalunya el 5 de septiembre del 2006. 

En este sentido, el Tribunal entiende que se incluían en el régimen de protección establecido por la normativa comunitaria. Por este motivo, la sentencia concluye que «España ha incumplido la directiva relativa a la conservación de las aves silvestres porque ha autorizado» el proyecto de regadío de la zona del canal Segarra-Garrigues.